Con absoluta firmeza, me permito disentir del enfoque presentado por el “senador” Rafael Barón Duluc Rijo respecto a su lamentable y vergonzosa propuesta de legislación contra el llamado “discurso de odio”. Si bien compartimos la preocupación por la convivencia pacífica y el respeto mutuo, discrepo profundamente sobre la necesidad, la pertinencia y los efectos reales de un proyecto como este en el contexto actual de la República Dominicana.
1. La definición de “discurso de odio” es peligrosa por su ambigüedad.
Por más precisiones que se pretendan establecer, el concepto sigue siendo altamente subjetivo. Lo que para un grupo puede ser una crítica válida al manejo de la crisis migratoria, para otro puede ser catalogado como incitación. Esto abre la puerta a la censura ideológica y al silenciamiento de voces incómodas para el poder político o grupos de presión internacionales.
2. No hay un vacío legal que justifique esta nueva ley.
Ya contamos con normas penales y constitucionales que sancionan la incitación a la violencia, la discriminación y la difamación. Lo que no existe —ni debe existir— es una categoría legal que penalice el pensamiento disidente o el activismo nacionalista legítimo.
3. Equiparar la defensa de la soberanía con intolerancia es un error grave.
Los movimientos que denuncian la inacción del Estado frente a la migración ilegal no promueven odio, sino exigen cumplimiento de la ley. Defender la patria, las fronteras y la identidad nacional no es un acto de odio, sino un deber cívico. Confundir ambos conceptos es tan injusto como irresponsable.
4. Este proyecto tiene motivaciones políticas, no jurídicas.
Cuando se reconoce que esta ley serviría para dar buena imagen internacional mientras se endurecen medidas internas, queda claro que se trata de una maniobra cosmética, no de una necesidad democrática. No podemos sacrificar la libertad de expresión por conveniencia diplomática.
5. Su aplicación afectará a los sectores populares y conservadores.
En otras jurisdicciones, leyes similares han sido usadas para criminalizar a ciudadanos comunes, líderes religiosos y comunicadores. Aquí, quienes podrían ser censurados o perseguidos son precisamente los sectores que hoy alzan la voz por la soberanía y la legalidad.
6. La libertad de expresión no es un privilegio, es la base de la democracia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las limitaciones al discurso deben ser estrictamente necesarias, proporcionales y claras. Este proyecto no cumple con esos estándares y representa un riesgo real para el debate plural y vigoroso que requiere toda democracia.
En resumen: la mejor forma de combatir el odio es con más democracia, más participación y más libertad, no con leyes que puedan usarse para callar al que piensa distinto.
Apelo a la sensatez de quienes tienen en sus manos el destino legislativo de esta propuesta. No se puede construir una sociedad justa si se reprime al ciudadano que alza la voz para defenderla.
Att. Lic. Jose Martínez Hoepelman