Las contradicciones del decreto 105-25: ¿Realmente busca reducir el gasto público?
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha promulgado el decreto 105-25 con la supuesta finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos en el Poder Ejecutivo durante el año 2025. Sin embargo, una lectura detallada de su contenido revela importantes contradicciones que podrían anular el impacto de estas medidas y convertirlas en una simple estrategia de imagen.
Un decreto con muchas excepciones
El decreto establece restricciones en la compra de vehículos, viajes oficiales, uso de escoltas y actividades sociales, entre otros aspectos. A primera vista, parece un esfuerzo por contener los gastos innecesarios del gobierno. Sin embargo, las exenciones incluidas en el mismo documento crean espacios para que muchas de estas restricciones sean ignoradas o evadidas con facilidad.
Por ejemplo, la prohibición de la compra de vehículos se diluye cuando el decreto permite "excepciones con autorización previa" del Ministro Administrativo de la Presidencia. Esto abre la puerta para que, en la práctica, se sigan adquiriendo vehículos bajo el argumento de "necesidad institucional".
Prohibiciones condicionales que generan dudas
Otro punto crítico es la limitación en los viajes oficiales al exterior. Se restringe a dos personas por institución, salvo casos excepcionales. Pero, ¿quién decide qué es "excepcional"? De igual forma, se prohíbe la compra de boletos en primera clase, pero se sigue permitiendo la compra de boletos de cualquier otra categoría sin una regulación clara del costo total de los viajes.
De igual manera, se prohíben publicaciones promocionales, eventos y donaciones, excepto cuando sean por "mandato legal o reglamentario". Esto sugiere que, con la justificación adecuada, podrán continuar realizándose gastos en publicidad disfrazados de obligaciones legales.
Las escoltas y seguridad, ¡pero con excepción discrecional!
El decreto establece una reducción en el número de escoltas y flanqueadores motorizados. Se lista explícitamente quiénes pueden utilizarlos, pero se otorga al Ministro Administrativo de la Presidencia la facultad de exceptuar a otros funcionarios. En otras palabras, se establece una norma que puede ser ignorada si se considera "especialmente necesario".
Las remodelaciones y alquileres de espacios privados
El decreto también prohíbe remodelaciones y alquileres de espacios privados, salvo para entrenamientos o capacitaciones. Aquí surgen interrogantes: ¿No existen espacios públicos para este tipo de eventos? Si realmente se quiere reducir el gasto, ¿por qué no se exige que estas actividades se realicen en instalaciones gubernamentales existentes?
Reducción de polícias y militares asignados a funcionarios: una medida sin definición
Se ordena revisar el personal policial y militar asignado a funcionarios, pero no se especifica cuáles serán los criterios para definir "la cantidad estrictamente necesaria". Sin un límite claro, esta medida podría ser solo un gesto simbólico sin impacto real en el gasto público.
Una estrategia repetitiva con poca efectividad
El decreto 105-25 no es la primera acción de este tipo. Medidas similares fueron anunciadas en 2021, 2022 y 2024, lo que indica que las restricciones anteriores no tuvieron el impacto esperado o simplemente no se cumplieron.
Conclusión: un decreto lleno de ambigüedades
Si bien el decreto podría parecer una estrategia efectiva para reducir el gasto público, las numerosas excepciones y la falta de controles estrictos lo convierten en un documento con serias debilidades. En la práctica, el gobierno seguirá teniendo margen para realizar gastos en muchas de las áreas que supuestamente busca restringir.
Para que este tipo de medidas realmente funcionen, debería existir un sistema de fiscalización independiente que asegure su cumplimiento, así como la implementación de sanciones para quienes intenten evadirlas bajo la excusa de "excepciones justificadas".
¿Se trata de una verdadera política de austeridad o simplemente una estrategia de relaciones públicas para dar la impresión de control fiscal?