Recientemente, la Dirección General de Pasaportes decidió desistir de la mudanza a un nuevo edificio en el Malecón, una decisión que ha dejado al pueblo dominicano con un
Saldo negativo: 200 millones de pesos.
Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El responsable directo de esta costosa gestión es nada menos que Raúl Hernández, director de la Dirección General de Pasaportes, quien firmó un contrato que, a la postre, resultó ser una gran pérdida económica para el Estado.
El Papel de Raúl Hernández en Este Desliz
Raúl Hernández no solo lideró la decisión de mudanza, sino que fue quien firmó el controvertido contrato con el dueño del edificio que iba a albergar la Dirección de Pasaportes. Este contrato, con una cláusula de penalidad, obliga al Estado a pagar 1.7 millones de pesos mensuales durante cinco años, es decir, más de 200 millones de pesos.
Raúl actuó sin consultar adecuadamente con la comunidad ni evaluar los efectos colaterales de la mudanza. Los vecinos del área, especialmente aquellos que residen cerca del Malecón, expresaron su preocupación sobre cómo la mudanza afectaría el tráfico y la calidad de vida en la zona. Sin embargo, Raúl Hernández no tomó en cuenta estas advertencias. En lugar de buscar soluciones que beneficiaran a todos, su falta de visión y su apresuramiento en firmar este contrato generaron un daño económico irreversible.
¿Un Contrato Peligroso?
Este contrato no solo es caro, sino que tiene una cláusula que favorece al dueño del edificio, sin tener en cuenta los intereses del Estado ni de los ciudadanos. La penalidad de 1.7 millones de pesos mensuales se activa si el contrato es rescindido, lo que significa que el Estado tendrá que pagar esta cantidad durante los próximos cinco años. Este tipo de decisiones, tomadas sin el debido análisis, reflejan la negligencia de un funcionario que no se detuvo a considerar las consecuencias de sus acciones.
El error de Raúl es evidente: en vez de ser un líder que proteja los intereses del pueblo, él firmó un contrato que compromete al Estado sin la debida justificación. Este tipo de gestión irresponsable nos deja con la sensación de que, en lugar de beneficiar al país, su objetivo era, tal vez, evitar responsabilidades personales y dejar que otros pagaran por su falta de planificación.
El Costo Real de la Mudanza
La decisión de Raúl Hernández no solo es económicamente dañina, sino que también pone en evidencia la falta de visión al no evaluar correctamente las implicaciones a largo plazo. Los costos de mudanza, combinados con las penalidades por la cancelación, han sido una carga innecesaria para el pueblo dominicano.
Este caso resalta la importancia de una gestión pública transparente y responsable, en la que los funcionarios se tomen el tiempo de analizar las decisiones y consultar con los ciudadanos antes de proceder con acciones que afecten tanto el presupuesto estatal como la calidad de vida de los habitantes.